Senado aprueba acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz y lo remueve del Poder Judicial
El magistrado, luego que se acogieran los dos capítulos del libelo, quedará inhabilitado para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por cinco años.
En estrecha votación, el Senado aprobó la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, por notable abandono de deberes, con lo cual fue destituido del Poder Judicial y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por cinco años.
Se anticipaba una votación estrecha y se lograron 27 votos a favor y 21 en contra del primer capítulo del libelo presentado por diputados de Chile Vamos, que se definió por los votos favorables de los senadores independientes como Karim Bianchi y de los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker. El segundo capítulo fue aprobado por 25 votos a favor y 23 en contra.
Se necesitaban originalmente 26 votos favorables, pero el quorum bajó a 25 debido a que la senadora RN, Paulina Núñez, solicitó permiso constitucional por un viaje a España.
La acusación contra Muñoz se fundamentaba en dos capítulos. El primero referido a una causa contra la inmobiliaria Fundamenta por su proyecto en Plaza Egaña, donde a juicio de los acusadores hubo “notable abandono de sus deberes al anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija (la jueza Graciel Muñoz) y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial”.
Las jornadas de martes, con la presencia del juez Muñoz, y de este miércoles se dedicaron a la acusación constitucional.
El segundo capítulo, señalaba que “el acusado incurrió en la causal de notable abandono de sus deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional”.
El propio Muñoz se había defendido en la Sala ante los senadores el pasado martes, señalando que “niego de la forma más categórica, haber dado noticia a mi hija del acuerdo de la Tercera Sala del 19 de octubre del 2022 (…) No existe prueba que sostenga el hecho afirmado por la acusación, es una deducción de los acusadores. La declaración jurada ante notario de la empleada de la inmobiliaria es una suposición”.
En cuanto al segundo capítulo, había expresado que “quiero recordar que el Código Civil contempla el deber de los padres de educar a sus hijos mientras se encuentren bajo su patria potestad. En este caso específico de corrección disciplinaria corresponde a la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que ejerció”.
Cabe recordar que hasta ahora desde 1990 tres ministros de Estado habían sido destituidos de sus cargos por el Senado al aprobar una acusación constitucional. Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. También el ministro de la Corte Suprema, Hernán Cereceda, quien en 1993 fue destituido por la Cámara Alta por abandono de sus deberes en una causa de derechos humanos.
Durante el extenso debate, los senadores fundamentaron su voto a favor y en contra. El senador independiente, Karim Bianchi, sostuvo que “si se aceptara que estamos frente a un juez históricamente comprometido con los Derechos Humanos y el medio ambiente, pero esto no lo autoriza a comportarse de cualquier forma en el ejercicio de su cargo (...) no hay excusa para el abandono de deberes de imparcialidad y probidad”.
Para el senador Pedro Araya (Ind-PPD), que votó en contra, “no es razonable aceptar una acusación por la sola existencia de una duda razonable. Si es así, será el momento en que el derecho dio paso a la barbarie y la ignominia, y la verdad quedó oscurecida por la mentira, donde la justicia se rindió ante la venganza”.
La senadora Luz Ebensperger (UDI) indicó que “votar a favor es nuestro deber como defensores del Estado de Derecho, aquí no hay una vendetta ni juzgamiento a criterios jurídicos”.
El senador Iván Flores (DC), que votó en contra, sostuvo que con la acusación constitucional “evidentemente la derecha le está cobrando la cuenta por sus fallos en materia de isapres, colusiones y poder económico”.
A su turno José Miguel Insulza (PS) señaló que “aquí no hay prueba suficiente, ni notable abandono de deberes, lo que hay es algo contra el juez… son conjeturas que no están comprobadas para destituir a un magistrado y eso es injusto y va a colgar sobre este Senado por mucho tiempo”.
El senador Daniel Núñez (PC) sostuvo que “las cosas hay que decirlas por su nombre, si el Senado destituye al juez Sergio Muñoz, el Senado comete un acto de corrupción y el que va a celebrar este acto de corrupción es el reo Hermosilla desde capitán Yáber”.
Desde colusiones hasta “supremazo” de las isapres: el bullado historial del juez en la Tercera Sala
Muñoz destacó por haber encabezado la redacción de sentencias tanto históricas como polémicas, algunas de las cuales se enumeran a continuación.
Central termoeléctrica Castilla: en 2012 rechazó el megaproyecto ligado al empresario Eike Batista, declarando ilegal su estudio de impacto ambiental.
Colusión de farmacias: ratificó fallo del TDLC y aplicó multas máximas (de US$ 20 millones) a Cruz Verde y Salcobrand.
Mall Barón: en 2017, en un fallo dividido, dejó sin efecto su permiso de edificación.
Telecomunicaciones: en 2018 acogió una demanda de Conadecus y ordenó a Entel, Movistar y Claro devolver cerca de la mitad del espectro radioeléctrico asignado en licitaciones.
Minera Dominga: en septiembre de 2019, acogió los recursos de organizaciones ambientalistas contra el proyecto de Andes Iron y devolvió el caso al Primer Tribunal Ambiental.
Quintero-Puchuncaví-Ventanas: en mayo de 2019, acogió los recursos de protección por la crisis ambiental y ordenó al Gobierno iniciar un programa público de descontaminación.
Latam Airlines: el mismo mes, prohibió las fusiones de rutas de la compañía con American, Iberia y British.
Colusión del tissue: revocó el beneficio de delación compensada a CMPC y la condenó a una multa de 20.000 UTA.
Caso supermercados: duplicó las multas de Cencosud, SMU y Walmart por acordar precios de la carne de pollo.
Cascadas: Muñoz fue uno de los dos jueces que votó en contra de rebajar multa de Julio Ponce desde US$ 62 millones a US$ 3 millones.
Petorca: en 2021, ordenó proveer 100 litros de agua potable al día a cada habitante de la comuna, tras un recurso del INDH.
Transbank: ese año, dijo que el modelo tarifario de Transbank no cumplía con los requisitos de tutela de la libre competencia, acogiendo recursos de firmas como Walmart y Copec contra una sentencia del TDLC.
Isapres: entre 2022 y 2023, fue el protagonista de los “supremazos” que instruyeron a las aseguradoras retrotraer tanto las alzas de precio base como por prima GES, además de aplicar la tabla de factores única (TFU) a los contratos de todos sus afiliados.
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